Argentina y su camino de la integridad y la transparencia hacia el desarrollo sostenible

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El próximo 10 de diciembre se cumplirán 24 meses de la jura del presidente argentino Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. En esa oportunidad, el primer mandatario afirmó que “este gobierno va a combatir la corrupción”. A partir de entonces, se propició un cambio de paradigma; se asoció la lucha contra la corrupción, a través de un aumento de la ética, la transparencia, la integridad, el control de las políticas públicas y del gasto público, con la lucha contra la pobreza. En este sentido, la lucha contra la corrupción se erigió como política de Estado y pilar fundamental del combate a la pobreza.

En la Argentina de hoy, no hay lugar para la corrupción. La promulgación de la ley de acceso a la información pública, la ley del arrepentido y la reciente aprobación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas son parte de una multiplicidad de acciones anticorrupción gestadas y puestas en marcha en los últimos meses, que conducen la gestión hacia la transparencia.

En materia de integridad pública y lucha contra la corrupción, la estrategia se basa en la construcción de un Estado abierto, transparente y moderno. Innovador en el diseño de políticas públicas eficaces, orientadas a la defensa del interés público, incorporando herramientas de innovación y tecnología de gestión, que eviten los desvíos y prioricen la optimización de los recursos y el resguardo de los bienes estatales. Algunos indicadores concretos dan muestra del impacto de las acciones implementadas: en el ranking de Transparencia Internacional, entre 2015 y 2016, Argentina escaló doce lugares, lo que denota una importante disminución en la percepción de riesgo por corrupción a nivel mundial. En cuanto al Global Competitiveness Report, que mide la competitividad de los países, Argentina mejoró 12 posiciones entre 2016 y 2017, alcanzando el puesto 92, fundamentalmente impulsado por la mejora significativa y constante de la confianza en las instituciones públicas, privadas y en la innovación.

La normativa de acceso a la información pública (Ley 27.275) aprobada en septiembre de 2016, introduce obligaciones de transparencia activa mediante la cual a cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable, información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones. Esta Ley crea además la Agencia de Acceso a la Información Pública, como un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

La lucha contra la corrupción se erigió como política de Estado y pilar fundamental del combate a la pobreza.

El Estado argentino ha diseñado e implementado diversos sistemas de gestión electrónica para expedientes, compras y obras públicas, que facilitan y transparentan el accionar del Estado y abren canales de comunicación directos con la ciudadanía.

Los sistemas electrónicos Compr.ar y Contrat.ar mejoran y estandarizan múltiples procesos administrativos. El objetivo es lograr una total accesibilidad y simplicidad de estos procedimientos, de manera transparente, segura y eficiente. Estas herramientas permiten la obtención, explotación y análisis de datos que no estaban disponibles. Su aplicación ha incrementado la participación de compradores y proveedores en los procesos de contrataciones públicas, de la comunidad en general y ha aumentado la competencia, redundado en mejores precios y resultados.

La República Argentina ha incorporado la política de prevención de conflictos de intereses y la obligación del sector privado a reportar en los procesos de contratación pública, de cualquier índole, exigiendo a las empresas que licitan declarar si poseen algún tipo de vinculación con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Para Argentina, la ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado: reafirma la necesidad de promover medidas de integridad en las empresas privadas y con participación estatal.

La Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas es un ejemplo de ello: prevé la sanción penal a personas jurídicas por delitos de corrupción y estipula la reducción de sanciones a las empresas que cuenten con programas de integridad. Esto implica un avance importante en materia de integridad y transparencia que permite, además de sancionar a las empresas por delitos de corrupción, introducir buenas prácticas, propiciar la cooperación público-privada, promover la implementación de programas de integridad y hacer más eficientes las políticas de lucha contra la corrupción.

Argentina ha adherido también a la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE, la cual fue acompañada por la solicitud de un Estudio de Integridad. Este estudio permitirá generar reformas eficientes y enfocadas con mayor precisión en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la productividad y el crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Desafiando la impronta histórica de las contrataciones para la obra pública en Argentina, la Ley 27.328 de contratos de Participación Público-Privada, es una nueva alternativa de inversión al proceso usual de contrataciones del Estado. Propone una dinámica de mutua colaboración y toma de riesgos conjuntos entre el sector público y el sector privado para planificar y ejecutar a largo plazo el desarrollo de proyectos en áreas de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

La corrupción ya no es una opción en la Argentina. Los argentinos le dijimos no a la corrupción y levantamos la vara de la transparencia para fortalecer el Estado y construir futuro. La lucha contra la corrupción no puede librarse aisladamente, implica el compromiso de todos los actores de la sociedad. El camino aún es largo e impone altos desafíos. En la celebración del Día Internacional contra la Corrupción es necesario redoblar el compromiso y proyectar el futuro desde hoy a partir de cimientos éticos y de acciones transparentes e íntegras.

Fuente: https://www.weforum.org/

Escrito por

Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparecia y lucha contra la corrupción, Oficina Anticorrupcion, Ministerio de justicia y Derechos Humanos, Argentina.

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